Una ola de iniciativas de apoyo mutuo desde los barrios desborda la inacción institucional
“Está muy bien que nos informemos de lo que pasa en el mundo y leamos todas las noticias; pero esto no sirve de nada si no lo hacemos para tomar partido en algo e implicarnos en algo, para dar una respuesta "
Adriana Guzmán *Representante Aymara del movimiento feminista antipatriarcal*
IRENE MARTÍNEZ
EL SALTO 2020/05/20
Las redes de solidaridad y de apoyo mutuo se multiplican por todo el Estado español, en especial en aquellos lugares donde ya existía un tejido social previo y en las grandes ciudades. La Comunidad de Madrid, Catalunya y Euskal Herria son los tres territorios con una mayor proliferación de iniciativas comunitarias organizadas por las redes barriales, aunque también destaca la creación y consolidación de espacios de solidaridad en Galiza, Andalucía, Asturias, Navarra y Cantabria, así como en ciudades como Valencia, Zaragoza, Granada o Sevilla.
La dimensión de la crisis social provocada por el cierre de buena parte de la economía ha descolocado a unos servicios sociales ya saturados, con falta de recursos y personal tras décadas de recortes. Frente a unas ayudas insuficientes y que tardan en llegar y la burocracia de las administraciones, centenares de colectivos, asociaciones vecinales y nuevas formas de organización nacidas en el contexto de la pandemia se han lanzado a cubrir una demanda creciente de alimentos, cuidados o de atención emocional a los mayores.
¿DÓNDE ESTÁN LOS SERVICIOS SOCIALES?
Una activista del barrio de San Blas (Madrid) arengaba a principios de mayo a los vecinos que hacían cola frente a una despensa solidaria de alimentos: “Este punto de reparto es una denuncia a los Servicios Sociales, una denuncia de todas aquellas personas que no van a atender por el hecho de que no entran en el perfil burocrático de los Servicios Sociales”.
Entre los perfiles que se están quedando fuera de las ayudas, decía esta activista, se encuentran las personas que cobran rentas mínimas de inserción, las personas que no están empadronadas, que no tienen papeles o personas que están en proceso de regularización. “Ahora se nos está cortando el grifo, porque somos la denuncia de la barbaridad que se está cometiendo en este distrito, como en otros”. En otros barrios precarizados de la capital, como Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel, Arganzuela o Lavapiés, se viven situaciones similares.
Kena Yuguero Albasanz forma parte de la Red de Solidaridad Popular Latina-Carabanchel, en Madrid, un colectivo que se ha volcado a cubrir las necesidades de alimentación del barrio, ante la pasividad del Ayuntamiento. Con los alimentos que llegan desde la ONG Banco de Alimentos y las donaciones del barrio, más de 20 vecinos trabajan sin descanso, desde las 9h en el reparto de alimentos a las familias más vulnerables, contaba Kena en el programa de El Salto “Cuando volvamos a encontrarnos”.
Entre las personas que participan de esta red, enumera, hay gente con problemas económicos porque “no les ha llegado el pago del ERTE o todavía no han recibido el paro que les corresponde, gente que ha pasado el covid-19 o ha tenido que dejar de trabajar en empleos precarios porque tenía un familiar con coronavirus”.
Al igual que ha ocurrido en buena parte del Estado español, la propia filosofía de estas redes, vinculada con la autogestión y la cercanía con los afectados, les ha permitido en muchas ocasiones articular una respuesta más rápida y eficiente que la ofrecida por autoridades locales frente a la ola de necesidades que no quedaban cubiertas.
Un discurso de independencia y autonomía que se mantiene desde la creación de esta red de Carabanchel-La Latina en 2014: “El tema es tener ganas, ver el problema, ver la solución y no pararse a ver quién firma el papel, quién lo trae, cuando lo trae. Que necesitamos, arroz, aceite, leche, productos de primera necesidad, vemos quién nos puede ayudar... los vecinos. ¿Qué más tenemos? Una despensa con comida. ¿Que más hay que hacer? Montar listas…”.
Los intentos del Ayuntamiento de Madrid de capitalizar este trabajo chocaron con las redes vecinales. Veinte de ellas emitieron el 13 de abril un comunicado en el que denunciaban que la Alcaldía de PP y Ciudadanos pretendía de sacar “rédito político” del trabajo que se realiza sin su ayuda desde los barrios, “intentando ocultar lo que realmente ocurre”: una derivación sistemática desde los Servicios Sociales, saturados “por falta de organización y personal”, a estas redes vecinales.
Solo en la despensa solidaria del Teatro del Barrio en Lavapiés se atiende a 600 familias. Y, según cuentan desde la propia red, “no dan abasto”: hay otras 500 familias en lista de espera, 300 de ellas en situación de calle. Y esta es una de las cuatro iniciativas vecinales del barrio de Lavapiés.
En Villa de Vallecas, la despensa solidaria atiende a 800 familias, con dos locales, ocho voluntarios y 4.500 euros de donaciones semanales.
Según el recuento de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) han surgido o consolidado 58 redes de apoyo mutuo creadas desde asociaciones de vecinos y colectivos barriales que atienden a más de 20.000 personas. Con recursos propios y con 6.179 personas voluntarias, las redes no se limitan a los barrios más afectados de la capital, sino que llegan a muchas de las ciudades y pueblos de la comunidad.
REDES DE CUIDADO MÚTUO
El otro gran foco de esta ola de apoyo y cuidado mutuo organizado desde los barrios es el área metropolitana de Barcelona, la región más afectada por la pandemia junto con Madrid. A finales de abril, 21 redes solidarias de Barcelona firmaron un manifiesto para denunciar que el Departamento de Servicios Sociales de la ciudad estaba derivando a las redes de apoyo mutuo casos a los que no podían atender. Estas redes han vivido con la crisis social provocada por el coronavirus un crecimiento espectacular: de atender a 1.100 personas antes de la pandemia, han pasado a cubrir necesidades de 5.500.
Silvio Covolo, del Sindicat de Barri de Poble Sec, explicaba a El Salto la diferencia entre el trabajo que realizan estas redes vecinales con respecto a la ayuda tradicional dispensaba por municipios y otras organizaciones: “Cuando esperan la cesta de alimentos, una compañera les explica en qué consiste el sindicato del barrio, la red no es asistencialismo, sino una red solidaria de apoyo mutuo”.
En muchos casos, estas redes llegan donde nunca lo hacen las ayudas oficiales. Es la historia de la Red de Cuidados Antirracistas de Barcelona, una organización formada por una decena de colectivos migrantes que, en colaboración con redes de apoyo mutuo de diversos barrios del área metropolitana de Barcelona, se encargan de distribuir alimentos y recursos básicos a familias migrantes que han quedado excluidas de las ayudas del Gobierno. Unas familias, dicen en un comunicado, que en el contexto de crisis sanitaria y confinamiento “no cuentan con ingresos ni tienen garantizada la subsistencia básica”. Un trabajo que muchas veces choca con las limitaciones propias del estado de alarma. Este colectivo, de hecho, fue multado en varias ocasiones por la Guardia Urbana cuando repartía comida. La presión social consiguió que el Ayuntamiento prometiera retirar las multas.
Y estas redes no solo reparten alimentos. En Catalunya son muchas las iniciativas sociales que centran su trabajo en las personas mayores. Es el caso de la red de apoyo mutuo de Sant Pere de Ribes i Olivella, en la comarca del Garraf (Barcelona), donde han abierto una línea telefónica de atención psicológica y emocional a las personas mayores y dependientes. También es el caso de Amics de la Gent Gran (Amigos de los Mayores), una asociación sin fines de lucro de dos décadas de historia que ha centrado su labor en el acompañamiento a las personas mayores en estos tiempos de confinamiento y soledad acentuada.
Son muchas las iniciativas surgidas de experiencias previas que con el inicio de la crisis se han volcado en detectar las necesidades del barrio e intentar darles solución con los limitados recursos disponibles. Así ocurre con la red de apoyo del barrio de Benimaclet (Valencia). Surgida de la Asamblea Feminista del barrio y Cuidem Benimaclet, esta red se basa en la idea del apoyo mutuo entre vecinos, de “poner en el centro los cuidados”. Los participantes de esta red, con el apoyo de comercios locales, acompañan a las personas mayores y las ayudan en tareas cotidianas, como realizar la compra, ir a la farmacia o bajar la basura. Iniciativas similares a esta se han multiplicado por toda la geografía del Estado español.
Otro de los lugares donde más han prosperado las redes de cuidado es en el País Vasco y Navarra, donde casi desde el inicio del estado de alarma ya había decenas de espacios distribuidos en ciudades y pueblos para apoyar a las personas o colectivos más vulnerables que puedan tener problemas para sobrellevar las duras condiciones impuestas por el estado de alarma.
Es el caso, entre tantos otros, de la Red de cuidados de Altza, en San Sebastián / Donostia, dedicado a prestar ayuda a las personas mayores, enfermas o con dificultades que no pueden salir de casa. Desde esta red barrial asisten “a los vecinos que lo tienen más difícil en esta situación social”, mayores, dependientes, personas contagiadas en cuarentena, que no pueden hacer la compra básica, ir a la farmacia o tirar la basura. Según contaba uno de los impulsores, se trata de un red “completamente informal”, organizada telemáticamente, primero entre vecinos jóvenes a los que se han ido sumando hasta tres generaciones del barrio.
Otro proyecto surgido en el País Vasco es la caja de resistencia BiziHotsa. A finales de abril, esta alianza de colectivos feministas, asociaciones de mujeres, colectivos antirracistas y anticapitalistas, redes de cooperativas de Euskal Herria, sindicatos y redes ciudadanas, se proponía recaudar 60.000 euros para atender las necesidades urgentes de la población más vulnerable en el marco de la crisis sanitaria, entre ellas asesoría jurídica para las mujeres que sufren violencia machista y para aquellas que deben lidiar con el papeleo y la burocracia que exigen las ayudas sociales propuestas por los diferentes gobiernos. Además, esta caja de resistencia se propone financiar 13 proyectos “que ya están dando respuesta, desde la calle y las bases, a la situación de emergencia que las instituciones no están atendiendo” en materia de vivienda, alimentación, sanidad e higiene, violencia machista y “empoderamiento frente a la represión”
La economía social y solidaria también tiene mucho que decir en la situación de emergencia social creada por el covid-19. En el 25 cumpleaños de la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), esta organización que sirve de núcleo a las iniciativas que apuestan por otro tipo de economía y relación con el trabajo en el Estado español ha lanzado una Guía de iniciativas de economía solidaria frente a la crisis del covid-19.
Se trata de una nueva herramienta colaborativa que muestra un gran abanico de iniciativas de “denuncia, resistencia y alternativas” que se están llevando a cabo desde diferentes territorios del Estado y en muchos sectores como el ambiental, el consumo, los cuidados, el cultural, la educación, las finanzas, la defensa jurídica, el ámbito laboral o la producción.
Esta guía incluye iniciativas sociales y de apoyo mutuo lanzadas en las últimas semanas, como la huelga de alquileres —que ya secundan más de 16.000 personas y cuenta con una caja de resistencia para ayudar a las familias que se suman a la huelga—, así como propuestas que vienen de otros países europeos frente a problemas similares. Entre las iniciativas destacan las relacionadas con el consumo local, como el mercado mayorista interno para agricultores ecológicos, un espacio virtual “que pretende ser un punto de encuentro entre productores y comercializadores de agricultura ecológica para dar salida a los alimentos ecológicos que no se están vendiendo por el cierre de restaurantes, hoteles y comedores”.