La muerte de una trabajadora del hogar activa la demanda para la inclusión de este colectivo en la ley de prevención de riesgos laborales
“Está muy bien que nos informemos de lo que pasa en el mundo y leamos todas las noticias; pero esto no sirve de nada si no lo hacemos para tomar partido en algo e implicarnos en algo, para dar una respuesta "
Adriana Guzmán*Representante Aymara del movimiento feminista antipatriarcal*
MERITXELL RIGOL La directa
EL SALTO 15/05/2020
La muerte de una trabajadora del hogar en Arenys de Mar al caer mientras limpiaba el ventanal de una casa, el pasado viernes, ha puesto en evidencia el vacío de prevención frente a riesgos laborales en que se encuentran las 600.000 trabajadoras que se ocupan de limpiar, planchar, cocinar, lavar, acompañar, atender y velar por el bienestar de pequeñas y mayores en hogares de todo el Estado.
“Ha sido una muerte totalmente evitable”, lamenta Isabel Otxoa, miembro de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya (ATH-ELE), que recuerda un caso similar en el País Vasco. “La trabajadora había puesto un taburete ante la ventana abierta para llegar más arriba y más lejos, y esta es una maniobra muy peligrosa que no está pautada, no hay indicaciones ni de cómo ni con qué instrumentos realizarla sin peligro”, denuncia.
La ley de prevención de riesgos laborales, de 1995, excluye explícitamente la relación laboral de “carácter especial” del servicio del hogar familiar y delega la responsabilidad de “cuidar que el trabajo de las trabajadoras se realice en las condiciones correctas de seguridad e higiene” a las familias contratantes. “Cuando utilizamos determinados productos químicos, como el aguafuerte, deberíamos hacerlo con mascarilla, ya que te generan mareos, y no te dan. De hecho, ¡tienes suerte si te dan guantes!”, denuncia Rocío Echeverría, miembro del Sindicato de Trabajadoras del Hogar (Sindihogar), que reivindica que “los gobiernos no pueden dejar en manos de quien te emplea juzgar cómo deben ser las condiciones adecuadas para trabajar con seguridad ”. “Las tareas que hacemos son muy diversas, con diferentes grados de intensidad y de riesgo”, remarca.
También el real decreto que, desde 2011, regula la relación laboral “de carácter especial” del servicio del hogar familiar, establece que la persona empleadora es quien tiene la obligación de “cuidar que el trabajo de la trabajadora del hogar se realice en las adecuadas condiciones de seguridad y salud ”. Una obligación que resulta papel mojado, al igual que lo resultan, a menudo, las condiciones establecidas en los contratos laborales de este sector, marcado por la precariedad y el aislamiento de las trabajadoras, además de prácticamente blindado a Inspección de Trabajo.
“Desde el punto de vista jurídico, la exclusión del trabajo del hogar en la ley de prevención de riesgos laborales no tiene ninguna explicación, es una discriminación flagrante”, afirma Alex Tisminetzky, abogado especialista en salud laboral y prevención de riesgos. El por qué, según el letrado, radica en quiénes son las personas que trabajan en este sector. “Son un colectivo muy feminizado, con muchas mujeres de origen extranjero, muchas sin papeles, por lo cual el sistema se aprovecha de estas trabajadoras”, detalla el abogado del Colectivo Ronda, al tiempo que destaca la gran dificultad para sindicarse y también de llegar a hacer una reclamación jurídica “por falta de estabilidad en el puesto de trabajo y de red social”.
La exclusión de la ley de prevención de riesgos laborales es una de las láminas del abanico de discriminaciones que sufren las trabajadoras del hogar y los cuidados respecto al resto de trabajadoras, tales como no tener derecho a percibir la prestación de desempleo, quedar excluidas del fondo de garantía salarial (FOGASA) o ser sujetos de despido por desistimiento, es decir, sin causa objetiva.
La ratificación del Convenio 189 de la OIT es reclamada por organizaciones de trabajadoras del hogar como el instrumento internacional que obligaría al Estado español a equiparar sus derechos a los del resto de sectores laborales. En materia de prevención de riesgos, supondría la obligatoriedad de adoptar “medidas eficaces” para asegurar la seguridad y la salud en el trabajo del hogar por parte del Estado. Pese reconocerlas como trabajadoras esenciales bajo la pandemia del Covid-19, hasta ahora las declaraciones de buenas intenciones del gobierno de coalición en relación con la firma del convenio no han pasado de ser un anuncio.
¿DERECHO A LA INTIMIDAD O PRECARIEDAD?
Intoxicaciones y malestares a raíz de utilizar productos químicos y lesiones cervicales, de la columna y en las extremidades, son problemas de salud comunes entre las mujeres ocupadas como trabajadoras del hogar, enumeran desde Sindihogar, que detectan también cómo muchas mujeres que trabajan desde hace años en el sector padecen fibromialgia, una enfermedad feminizada de la que no se conoce la causa. “Cuesta mucho que se les reconozca la enfermedad y conseguir la baja”, lamenta Echeverría.
“Las lesiones de las que cuidan personas en situación de dependencia son físicas y también psíquicas”, añade Otxoa, que remarca, además de los problemas de salud desencadenados por el esfuerzo de mover personas sin mecanismos de apoyo, en casas no adaptadas las necesidades de personas en situación de dependencia, y por falta de descanso; los efectos en la salud que derivan de las largas jornadas, la soledad, la falta de reconocimiento del trabajo que hacen y la ausencia de límites horarios.